Tras hacerse público el “Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema Sanitario público de la Comunidad de Madrid”, promovido por el gobierno regional de la Comunidad de Madrid que contempla las siguientes medidas:

1. Reformas estructurales en la gestión sanitaria.

2. Externalización de la actividad sanitaria en 6 hospitales, utilizando el modelo de concesión. Esta medida afecta a los Hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo.

3. Concesión de la prestación de la asistencia sanitaria de Atención Primaria de un 10% de los Centros de Salud, dando prioridad en su gestión a la participación de los profesionales sanitarios que quieran constituir sociedades. De no ser así serían empresas privadas las que se harían cargo de la gestión de los   Centros de Salud.

El centro se entrega “vacío” sin profesionales y las infraestructuras y el material se mantienen. Teniendo libertad la empresa adjudicataria de diseñar su plantilla con el número de profesionales que estime oportuno.

4. Transformación del Hospital de La Princesa en un hospital de alta especialización para la patología de las personas mayores.

5. Transformación del Hospital Carlos III en un hospital de estancia media.

6. Implantación de la tasa de un euro por receta.

Desde la Vocalía de Madrid de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) expresamos lo siguiente:

• Hasta ahora los pilares del Sistema Nacional de Salud (SNS) se basaron en unos principios fundamentales de equidad social y solidaridad, como gran patrimonio colectivo y derecho irrenunciable de todos los ciudadanos, por lo que cualquier modificación de calado en el SNS debe nacer del consenso, tras el diálogo con los agentes sociales y los representantes legales y legítimos de los profesionales sanitarios; su principal objetivo, por tanto, debe ser la implicación de los profesionales sanitarios. Y en este plan no se ha tomado en cuenta a ninguno de estos agentes sociales.

• Los  principios de equidad y solidaridad también se ven en grave riesgo. Los pacientes asignados a centros de gestión pública seguirán unos ratios establecidos según la normativa pública y los de gestión privada los que estime la empresa adjudicataria y con la disminución del número de profesionales por ejemplo, enfermeras, el modelo de prevención de la enfermedad y promoción de la salud de la gestión pública no puede ser llevado a cabo de la misma manera y los pacientes asignados a ese centro no percibirán la misma atención. El pago del euro por receta pone en riesgo el principio de solidaridad de nuestro sistema donde el paciente enfermo con patologías y con medicación prescrita por profesionales sanitarios debe pagar el coste de su enfermedad.

• Las medidas anunciadas por parte del gobierno regional, y en su nombre por la Consejería de Sanidad, no aportan datos objetivos que permitan demostrar la mayor eficiencia del modelo que se propone y ni siquiera existe ningún estudio económico que demuestre que se va a producir el ahorro que se proclama. Este modelo no sólo no ha demostrado que no se ahorre más sino que pone en riesgo la calidad asistencial de la que actualmente goza el sistema sanitario. Puesto que las empresas con ánimo de lucro para conseguir sus beneficios económicos plantean y practican reducción de plantillas, salarios, material sanitario y criterios propios en derivaciones entre los dos niveles asistenciales y entre hospitales.

• La oferta que se hace a los profesionales de participar directamente en la gestión de los centro de salud es una quimera. Pues les obliga a la creación de estructuras asociativas que en la actual coyuntura económica representan aventuras empresariales de alto riesgo y por consiguiente difícilmente financiables. Por lo que facilita la incorporación de empresas con ánimo de lucro.

• Los profesionales de los centros de salud seleccionados serán desplazados a otro centro de la Comunidad de Madrid y los que decidan quedarse en la empresa adjudicataria deberán solicitar una excedencia voluntaria para poder ser contratados por esta empresa.

• Tomando en consideración la ausencia de datos objetivos, las medidas planteadas son arbitrarias y los ajustes presupuestarios una simple coartada para proceder a transferir la gestión de los centros de salud a organizaciones empresariales con ánimo de lucro.

• Los profesionales del sistema sanitario Público de la Comunidad de Madrid, y entre ellos, los profesionales de Enfermería Comunitaria manifestamos nuestro rechazo con el plan y nuestro compromiso con el sistema actual y nuestra disposición a contribuir con las medidas necesarias para mantener el modelo actual. Que, si bien admite mejoras, ha demostrado ser eficiente para la población atendida con los presupuestos asignados.

• Todos los profesionales del Sistema Sanitario hemos manifestado nuestro rechazo al plan con manifestaciones espontáneas, encierros en hospitales y centros de salud, una de las huelgas sanitarias con mayor seguimiento y unidad de todos los profesionales del sistema que se conocen y diferentes medidas de difusión a la población.