El presidente de la Asociacion de Enfermeria Comunitaria (AEC), José Ramón Martínez Riera, entrevistado por Diario Médico explica que desde la AEC entendemos que los problemas derivados de la situación generada por la pandemia en relación a la adecuación y redimensión de profesionales sanitarios no puede ni debe resolverse con un decreto como el publicado. Desde la AEC venimos insistiendo desde el inicio de la pandemia en la necesidad de contar con la comunidad en el abordaje de esta situación mediante su participación activa a través de intervenciones comunitarias planificadas, implementadas y seguidas desde la Atención Primaria y lideradas por enfermeras. Dicho planteamiento está avalado tanto por estudios científicos elaborados en otros contextos con idéntica situación, como por expertos científicos de reconocida valía internacional, funcionado de manera eficaz en la disminución significativa de la incertidumbre, la alarma, las falsas sospechas, la ansiedad y el mejor seguimiento de las medidas de prevención y protección por parte de la población.
Por otro lado, consideramos que tanto la asignación de profesionales como el desarrollo de sus competencias no puede ni debe llevarse a cabo con criterios exclusivamente de asignación de actividades y tareas como lamentablemente está sucediendo en la actualidad, sobre todo en Atención Primaria. El análisis riguroso de las necesidades y la planificación de las acciones a desarrollar de manera específica en cada Zona Básica o Área de Salud deben ser los criterios a utilizar para redimensionar los profesionales y para ajustar los perfiles de los mismos como pueden ser especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria.
Plantear la contratación de EIR que no hayan obtenido plaza, aunque hayan aprobado el examen correspondiente, cuando existen especialistas que no están trabajando como tales o que ni tan siquiera trabajan en AP, nos parece un despropósito. Y la contratación de profesionales extranjeros con procesos de homologación en curso debería estar sujeto a perfiles específicos y no tan solo a la contratación arbitraria tendente a cubrir huecos que ni tan siquiera han sido valorados. También, mantener este tipo de decisiones al margen a las Sociedades Científicas y otras organizaciones profesionales nos parece una forma inadmisible de desaprovechas recursos muy valiosos que están tanto al alcance de las administraciones como en total disponibilidad de participar activamente en la búsqueda de soluciones rigurosas, reales y alejadas de ocurrencias oportunistas.
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 RD 29:2020, de 29 septiembre.pdf | 225 kB |
